La demanda fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff, el cual explicó que la mandataria aparece entre los firmantes en calidad de “víctima” de un proceso “ilegal”.

Los diputados Paulo Pimenta y Paulo Teixeira, ambos del PT, explicaron que la demanda ha sido preparada por juristas brasileños y argentinos y exige a ese organismo de la OEA una medida cautelar que “suspenda” el juicio político, hacia el que el Senado ha dado un nuevo y casi definitivo paso.

Esta madrugada, el pleno del Senado aprobó por 59 votos frente a 21 un informe que acusa a Rousseff de irregularidades fiscales, con lo cual el proceso se encamina hacia su conclusión.

La última fase será una nueva votación en el Senado, en el que sus 81 miembros decidirán si finalmente la mandataria es destituida, para lo cual será necesaria una mayoría calificada de 54 votos (dos tercios), superada con cierta holgura esta madrugada.

La fecha para esa última sesión será fijada en los próximos días por la Corte Suprema, que deberá convocarla para fines de este mismo mes.

Frente a lo que parece la inminente destitución de Rousseff, los diputados del PT afirmaron que van a “pelear en todas las esferas, sean parlamentarias, judiciales, en la calle o en el exterior, para denunciar este golpe y que se restablezca en el país la normalidad democrática”.

La defensa de Rousseff, así como la demanda presentada a la OEA, niegan los cargos contra la mandataria, acusada de irregularidades presupuestarias, contratar créditos para el Gobierno con la banca pública y emitir decretos que alteraron los gastos sin autorización del Congreso, todo lo cual está vetado por las leyes brasileñas.

Sin embargo, la defensa sostiene que en ninguno de esos casos hubo una “participación directa” de Rousseff ni hubo dolo, que en su opinión serían requisitos fundamentales para sostener la acusación.

Desde junio pasado, la CIDH tiene como secretario ejecutivo al brasileño Paulo Abrao, quien ocupó el cargo de secretario nacional de Justicia durante la gestión de Rousseff.

En mayo pasado, antes de que Abrao asumiera ese cargo, la CIDH se pronunció sobre la situación de Brasil y expresó “preocupación” por algunas medidas adoptadas por el presidente interino, Michel Temer, quien sustituye a Rousseff desde ese mismo mes.

Aunque no se refirió directamente al proceso, el comunicado de laCIDH sí citó el Artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en una aparente crítica al juicio político.

Ese artículo dice que “la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público” y “se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.

Mucho más enfático ha sido el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, quien visitó dos veces a Rousseff antes de que fuera suspendida para expresarle su plena solidaridad.

En una de esas visitas, en abril pasado, Almagro declaró que el juicio contra Rousseff tiene un marcado tono “político”, carece de “certezas” jurídicas y siembra “dudas” entre los miembros de la OEA.

En ese marco, también subrayó que “no existe una acusación de carácter penal contra la presidenta, sino que se la acusa de mala gestión de las cuentas públicas”, lo cual consideró “insuficiente” para llegar a una destitución en un régimen presidencialista.

Con la acción iniciada hoy ante la CIDH, Rousseff se suma a su padrino político y antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, que también le ha dado dimensión internacional a sus problemas con la justicia brasileña, que le investiga por sospechas de corrupción.

Hace dos semanas, el expresidente llevó esos asuntos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tiene sede en Ginebra y ante el cual denunció la “persecución política y judicial” que dice sufrir en su país.

La acción terminó con la detención de ocho activistas, dijo la policía a la cadena pública local.

Las dos pistas del aeropuerto están abiertas nuevamente desde las 07H20 hora local (05H20 GMT), pero se espera que las anulaciones continúen en el primer día de un fin de semana largo, en el que habitualmente hay mucho tránsito en Alemania.

La organización ecologista Last Generation, que reivindicó la acción, es conocida por organizar manifestaciones espectaculares -como pegarse a carreteras frecuentadas o echar puré sobre un cuadro de Claude Monet- que dividen a la opinión pública y suscitan respuestas cada vez más duras de las autoridades.

Sus miembros irrumpieron traspasando una valla, lo que provocó la cancelación de 61 despegues y aterrizajes, indicó un portavoz del aeropuerto.

El ministro de Transportes alemán, Volker Wissing, subrayó que no se trata de una “manifestación legítima, sino de una intervención contra el tráfico aéreo”.

Si este último “no es seguro, se pone en peligro a las personas. Hay un riesgo de graves daños económicos y miles de viajeros quedan bloqueados”, indicó.

Por su parte Last Generation acusó en X al gobierno alemán de no hacer lo suficiente para desalentar el uso del avión y sus emisiones de gases perjudiciales para el clima.

“Es absurdo que la gente tenga más posibilidades de pagar vuelos que de viajar en tren”, dijo el grupo.

“La responsabilidad recae en el gobierno que subvenciona los vuelos pero no apoya al sistema de transporte ferroviario”, añadió.

Fuente: AFP

La norma que enfureció a las organizaciones que defienden la diversidad sexual incorpora una vieja clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Es un decreto que nos retrocede más (de) tres décadas, cuando se ‘descataloguizó’ la homosexualidad desde la OMS (...) No podemos vivir en un país donde nos consideren enfermas o enfermos”, señaló a la AFP Jorge Apolaya, portavoz del Colectivo Marcha del Orgullo Lima.

Unos 200 manifestantes se reunieron frente a la sede del Ministerio de Salud, en Lima, para rechazar la decisión del gobierno de mantener en firme el decreto, pese a las protestas que coincidieron con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

“Es una normativa que nos violenta (...) nos están colocando como personas enfermas, como si tuvieramos un problema y la identidad de género es todo lo coantrario” sostuvo Áfrika Nakamura, una comunicadora audiovisual de 25 años.

Bajo lemas como “¡No es enfermedad, es diversidad!” y “Somos trans y no somos enfermas, aquí está la resistencia trans”, los manifestantes bloquearon por unas horas la transitada y céntrica avenida donde está el ministerio, sin que se reportaran choques con la policía.

“Reclamamos la derogación porque estigmatiza a las identidades transgénero, no podemos ser catalogadas frente a un diagnóstico patologizante”, dijo a la AFP Maju Carrión, directora de la asociación TRANSformar.

- “Interpretación errónea” -

Un portavoz del Ministerio de Salud justificó la vigencia del decreto, y alegó que su anulación impediría que los afiliados al sistema de salud, sobre todo al privado, accedan a más servicios de salud mental.

“El decreto se va a mantener porque no podemos quitar el derecho de atención”, dijo a la AFP Carlos Alvarado, director de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del ministerio.

Según el portavoz oficial, “ha habido una mala lectura y una interpretación errónea” del decreto.

La transexualidad “no es un problema de salud mental y estamos de acuerdo con eso, a tal punto que hay varios documentos del ministerio que lo especifican”, expresó Alvarado.

El decreto actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), una lista de los beneficios mínimos a los que tiene derecho un afiliado de la salud pública, mixta o privada.

Sin embargo, empleó una antigua clasificación de la OMS, conocida como CIE-10, con la descripción que puso en alerta a los grupos LGBT.

Desde 2022, la organización dejó de caracterizar la transexualidad como un trastorno mental.

Alvarado insistió en que la intención del gobierno fue ampliar la atención en salud mental a tratamientos ambulatorios, siquiátricos, endocrinológicos derivados de la identidad de género, que antes del decreto no eran cubiertos por aseguradoras privadas, principalmente.

“La idea es hacer la transición al CIE-11 lo más rápido posible”, sostuvo Alvarado, sin especificar si esto implicaría la expedición de un nuevo decreto más adelante.

- Consecuencias -

Para los colectivos LGBT, mientras la norma siga vigente, sus miembros están expuestos a “graves consecuencias”, como a las mal llamadas terapias de conversión, que agencias de la ONU equiparan con torturas.

“No hay que olvidar que las terapias reparativas consistían en tratamientos (como) electroshock, baños en hielo”, comentó el portavoz del Colectivo Marcha del Orgullo Lima.

Perú no reconoce el matrimonio ni la unión civil entre homosexuales, ni permite que las personas trans incluyan en sus documentos su identidad de género.

En un artículo publicado en su página web, la ONG Human Rights Watch (HRW) también llamó la atención sobre los efectos de “este decreto sesgado y poco científico”.

“Patologizar de manera oficial a las personas LGBT (...) puede socavar gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género”, advierte la organización.

Fuente: AFP

Las nuevas normas, publicadas por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y aprobadas por el papa Francisco, permiten una interpretación más moderada de este tipo de acontecimientos.

“En determinadas circunstancias, no todo es blanco o negro”, dijo en una conferencia de prensa el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, responsable del Dicasterio. “A veces se mezcla una posible reacción divina (...) con pensamientos y fantasías humanas”, afirmó.

Las nuevas reglas actualizan las que existían desde 1978 y orientan a los obispos, que hasta ahora tenían libertad para determinar la autenticidad de las visiones y apariciones.

Según el documento, el Vaticano solo ha “resuelto” seis casos de este tipo desde 1950.

La historia de la Iglesia católica está llena de fenómenos extraños o inexplicables que implican estatuas religiosas u objetos de todo tipo.

Hace dos meses, el Vaticano rechazó como falsos los presuntos milagros de una imagen de la Virgen María en la pequeña ciudad de Trevignano Romano, al noroeste de Roma, que no solo habría llorado sangre sino que habría hecho aumentar el tamaño de las pizzas.